La Suprema Corte Respalda Reforma al Poder Judicial: Desestiman Impugnaciones de Oposición
La reforma al Poder Judicial de la Federación seguirá vigente y se considera legal, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara las impugnaciones presentadas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). Los argumentos de estos partidos, que cuestionaban la validez de las modificaciones constitucionales, no prosperaron ante el máximo tribunal del país.
Debate Histórico y Decisión Clave
En una sesión histórica, la SCJN analizó si los partidos políticos pueden presentar acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución. La mayoría de los ministros votó en contra de esta posibilidad, reafirmando que el tribunal no tiene facultad para declarar inválidas disposiciones constitucionales mediante este recurso.
El ministro Alberto Pérez Dayán fue crucial en esta decisión, afirmando que la Corte no puede determinar lo que "debió o no llevar la Constitución". Esta postura fragmentó el bloque de ocho votos necesarios para invalidar partes de la reforma, consolidando su vigencia.
Disenso en la Corte
El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, reconoció que no se podía cambiar la regla de mayoría calificada en pleno debate, admitiendo que su proyecto debía ser desestimado. La ministra Lenia Batres Guadarrama expresó su desacuerdo, advirtiendo que la desestimación podría dejar abierta la posibilidad de impugnar la reforma mediante juicios de amparo. Sin embargo, la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, reiteró que la Constitución exige ocho votos para declarar la invalidez y que, al no alcanzarse, el proyecto no puede ser validado ni declarado inválido.
Implicaciones de la Decisión
Con esta resolución, la reforma al Poder Judicial se mantiene intacta, subrayando la limitación del tribunal para intervenir en cambios constitucionales. Aunque la discusión destacó diferencias internas en la Corte, el consenso final refuerza la continuidad de las reformas y delimita los alcances del control constitucional sobre las mismas.
