La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El dictamen excluyó los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal, pero mantuvo la extorsión, el contrabando y el uso de facturas falsas. Además, se amplió el alcance de las actividades relacionadas con narcóticos como el fentanilo.

El proyecto, que modifica el artículo 19 de la Constitución, recibió 335 votos a favor, 108 en contra y ninguna abstención. Ahora, se enviará al Senado de la República para su análisis y posible aprobación. Esta iniciativa fue presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero y se dictaminó en la anterior legislatura.

Tres reservas del diputado Ricardo Monreal fueron aceptadas, lo que permitió excluir el narcomenudeo y la defraudación fiscal del dictamen, así como ampliar la categoría de delitos que involucran el uso de precursores químicos como el fentanilo. Según la última reserva aprobada, un juez podrá ordenar prisión preventiva oficiosa en delitos que incluyan la manipulación, distribución y almacenamiento de sustancias químicas esenciales y drogas sintéticas.

Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), explicó que la exclusión del narcomenudeo busca un enfoque social que fomente la paz y la cohesión social, especialmente entre los jóvenes. En cuanto a la defraudación fiscal, justificó la exclusión bajo la premisa de promover la unidad nacional en este momento crítico.

El dictamen especifica que la prisión preventiva oficiosa se aplicará en casos de extorsión y delitos vinculados al tráfico de fentanilo. También abarca actividades relacionadas con facturas falsas, contrabando y otras prácticas fraudulentas con comprobantes fiscales.

Para garantizar la correcta aplicación de la reforma, el texto establece que no se permitirá una interpretación extensiva o análoga que altere su alcance. El Congreso de la Unión tiene 180 días para armonizar las leyes a nivel federal, mientras que los estados disponen de un año para ajustar sus normas locales.

Durante la discusión, la diputada Laura Ballesteros, del partido Movimiento Ciudadano, presentó una moción suspensiva por considerar la reforma inconstitucional y perjudicial para los derechos humanos. La moción fue rechazada por la mayoría.

El debate también incluyó críticas desde la oposición, como la diputada panista Margarita Zavala, quien señaló que la reforma va en contra de los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia. Según Zavala, la medida es regresiva y podría afectar desproporcionadamente a personas vulnerables, incluyendo mujeres y sectores desfavorecidos de la sociedad.